¿Colaborativo o ilegal?

Se dice que Airbnb es ya la empresa más grande del sector hotelero. Si dicha afirmación es cierta, es la primera vez que una empresa líder en su sector lo es sin ser propietaria de ningún hotel y sin ni siquiera gestionar de forma directa ningún establecimiento. Airbnb ha sabido encontrar un nuevo nicho de mercado que nace en la búsqueda de una oferta que se acomoda  a necesidades cambiantes, que permite al conjunto de quienes viajan compartir un único espacio y no habitaciones interconectadas. El precio también es un factor clave, pero no es el único, dado que existen tantos hoteles como precios y para todos los bolsillos.

La industria hotelera tradicional pide a la administración que sea leal y honesta, y que exija a los nuevos negocios que satisfagan también la parte de impuestos que les corresponden por su actividad. Además de la ilegalidad, consentida por los portales que anuncian y gestionan las reservas, los hoteleros ven como el término “colaborativa” define a esta economía que aprovecha sus connotaciones positivas mientras que la administración atiende sólo a una parte de la demanda ciudadana y les pone todas las trabas tanto a su crecimiento ordenado, como al potencial mantenimiento de sus instalaciones lo que, de no ser factible, les aboca al deterioro y a la pérdida de competitividad.

Se deben atender las quejas de una parte de la ciudadanía, cuyo problema radica en las molestias que ocasionan quienes se alojan en establecimientos ilegales así como  las del resto de miembros de la sociedad, de la que los hoteleros también forman parte. Seguir utilizando el término colaborativo es confundir al ciudadano que no tiene porqué saber que dicha economía consiste en el intercambio de servicios o productos sin que intermedie el dinero. Y esto no es lo que sucede cuando alquilamos un apartamento por medio de uno de esos portales ni cuando reservamos una habitación de hotel. Cada cual obtiene su objetivo y su beneficio, con un pago de por medio, pero en el caso de quienes tienen su negocio reglado, además de recibir un precio y obtener un beneficio, se ven sujetos al cumplimiento de una serie de normas y al pago de los correspondientes impuestos. En el caso de los apartamentos ilegales, el intercambio económico y la obtención del beneficio se producen, pero no se someten a regulación ni al pago de impuestos.

No queremos una ciudad que se ahogue bajo un alud de visitantes, que no constituye per se una definición del modelo turístico que se desea para Barcelona. Rechazar los negocios ilegales que no cumplen la normativa y que, por tanto, no están sujetos al pago de impuestos, sí es obligación de cualquier administración, con independencia del color político de sus dirigentes. El paso del tiempo al frente de una ciudad con vida propia como Barcelona está empezando a demostrar que ni la venta ambulante ilegal ni los apartamentos ilegales son “colaborativos” y, en cambio, sí son ilegales.